El Boletín Oficial del Estado publica hoy martes 18 de diciembre de 2018 un Real Decreto Ley 21/18 de 14 de diciembre que establece unas modificaciones de trascendencia en materia de arrendamiento de vivienda.

Sin ánimo exhaustivo vamos a enumerar sucintamente las mismas, dado el interés que ello tiene.

En primer lugar, decir que esta norma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación, es decir mañana 19 de diciembre y por tanto estas modificaciones afectarán a los contratos que se suscriban a partir de dichas fechas.

Real Estate

Se modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos por lo que se refiere a la duración del arrendamiento que aún siendo libremente pactada por las partes se fija un mínimo de cinco años, o de siete si el arrendador es persona jurídica, que el arrendatario podrá disfrutar la vivienda mediante prórrogas anuales obligatorias hasta que se alcance la citada duración de cinco o siete años siendo el único requisito para ello, que el arrendatario lo comunique así al arrendador con un mínimo de 30 días.

Se entiende que los contratos que no tengan establecido un plazo de duración concreto o que se establezcan por tiempo indeterminado, estos contratos se entenderán celebrados por un año. Sin perjuicio de las prórrogas antes citadas.

Se establece como excepción a las citadas prórrogas si el arrendador comunica la necesidad de uso de la vivienda para sí o sus familiares y en otros determinados supuestos Debiéndolo comunicar con dos meses de antelación a la fecha en que la vivienda se vaya a necesitar.

Es importante la modificación que se hace en el sentido de que si trascurridos los cinco primeros años del contrato o siete, si el arrendador fuera persona jurídica, si las partes no notifican la voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogará necesariamente durante tres años más.

No se modifica la normativa en cuanto a limitación de cuantía de rentas si bien se dice que la revisión de la renta se hará en los términos que pacten las partes y solo en el supuesto de que las partes hubiesen pactado algún mecanismo de revisión que no detalle índice o metodología se aplicará el Índice de Garantía de Competitividad.

Esto no afectará a los contratos de renta reducida por el tiempo de su prórroga o duración ya que su actualización anual no podrá nunca exceder las variaciones del Índice de Precios al Consumo.

Se establece que una vez trascurridos los cinco o sietes años de duración del contrato y mientras el mismo siga vigente el arrendador podrá elevar la renta anual según unos porcentajes cuyo cálculo se establece en la norma repercutiendo las obras de mejora que haya podido hacer el propietario.

Se acuerda también que las partes podrán pactar que los gastos de comunidad o gastos de sostenimiento del inmueble puedan ser de cargo del arrendatario.

La no devolución por el propietario de la fianza trascurrido un mes desde la entrega de llaves por el arrendatario devengara en su favor el interés legal.

Se establece también que las partes podrán pactar garantía adicional a la fianza en metálico si bien se establece que esta garantía adicional no podrá exceder de dos meses de renta.

Estas son las modificaciones que entendemos más importantes y que hemos creído conveniente anunciar sin perjuicio de próximo artículo donde detallaremos con más amplitud el alcance de esta norma.

Deja un comentario

Subir