El Tribunal Constitucional ha dictado sentencia196/2.013 de 2 de Abril, de gran interés para este despacho de abogados y esperamos que para muchos lectores de nuestros artículos ya que afecta a una cliente de nacionalidad alemana de este despacho de abogados que esta en un caso idéntico y que tiene que ver con un procedimiento judicial penal de sustracción de menores.
Recientemente divulgamos la noticia de una resolución obtenida de un Juzgado de Benidorm  a favor de una cliente alemana de este despacho que en su día se llevó a su hija sin consentimiento de su padre con el que no estaba casada  y había sido denunciada por el padre de la niña por un delito de sustracción de menores, delito este de mucha gravedad.
En el Recurso que planteamos nuestros abogados planteaban que no existía delito porque el apartado 2.2 del art. 225 bis CP del CP, cuya aplicación se pretendía por el denunciante a nuestro modo de forma injustificada, ya que la aplicación de este articulo exigía que a favor del progenitor denunciante se hubieran dictado medidas en relación con su hija bien mediante resolución judicial bien mediante resolución administrativa y en el presente caso esto no había ocurrido
Como ya indicábamos el Juzgado nos dio la razón y el padre ha recurrido; pero lo que nos llena de satisfacción es la reciente st del TC que ha resuelto este caso.
Lo que se viene a decir por el tribunal Constitucional es que no es posible eludir la voluntariedad y consciencia del denunciado lo que solo ocurrirá si hay una resolución judicial o administrativa a favor del denunciante. En la medida que no la haya no puede decirse que el denunciado ha cometido ningún delito.
Dice el Tribunal Constitucional que los órganos judiciales han conferido al art…2.2 del art. 225 bis CP una amplitud de prohibición penal que va más allá de la que la norma establece de forma precisa, y que esta amplitud amplitud se reflejó en la interpretación extensiva que llevaron a cabo a la hora de calibrar la intencionalidad del demandante.
Sustracción de Menores

No puede haber intención ni voluntad de cometer el delito si el denunciado no tiene una resolución judicial o administrativa que acatar.

No basta entonces con que la conducta del denunciado impida el ejercicio de los derechos reconocidos genéricamente por la legislación civil a los padres, pues es necesario que medie una resolución judicial o administrativa que determine el contenido concreto de las facultades atribuidas al progenitor perjudicado, de manera que la retención a que se ha hecho mención suponga la frustración de tales facultades y el correlativo incumplimiento del “deber” a que se refiere el tipo penal.
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