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Ante un vecino desagradable cuyo comportamiento es repetitivo y no presta atención a las demandas de otros vecinos para que no se repita el acoso de otros vecinos, la comunidad de propietarios puede acordar presentar una demanda para frenar el comportamiento desagradable de dicho vecino.

Para actividades nocivas, comportamientos peligrosos o ilegales que están previstos en el artículo 7 de la “Ley de Propiedad Presidencial”, el presidente comunitario pedirá al vecino que detenga de inmediato las actividades molestas y advertirá del uso indebido en la zona, para presentar una demanda debe ser aprobado por el comité de propietarios por mayoría simple.

Antes de entablar una demanda contra un vecino desagradable, la comunidad debe contar con pruebas suficientes que demuestren la autenticidad de estas actividades (notarización fotográfica, denuncias a la policía, informes técnicos sobre daños, cartas de advertencia previas, etc.) Si se presenta un reclamo por pérdidas y perjuicios, se adjuntará un informe que acredite el motivo del daño en los elementos comunes y su factura o presupuesto de mantenimiento.

Se deben entablar la demanda en contra del inquilino y del propietario de la finca, y es posible que se requieran precauciones para garantizar la efectividad de la orden de cese. Si se estima la demanda de cese por actividades molestas, se rescindirá el contrato de arrendamiento y se podrá prohibir al propietario (si así lo requiere la CCPP), privando el derecho de alquilar la casa por un período de tiempo. Hasta 3 años.
También es posible iniciar un proceso penal contra dicho inquilino por daños, ruidos, insultos, tener perros en las zonas comunes, etc. (en este sentido, esto equivale a molestar a los vecinos).

Lógicamente, de acuerdo con el principio de mínima intervención de la ley penal, para las denuncias que puedan perturbar la prosperidad del vecino molesto, la autoría, la tipicidad, el fondo fáctico, la continuidad de los hechos y la integridad física del afectado deben ser daños plenamente comprobados.

Si bien el proceso penal suele ser el menos utilizado por la comunidad, lo cierto es que en los últimos años hemos comprobado que, además de jugar un papel útil y relevante en cualquier situación, los jueces y tribunales son cada vez más sensibles a los temas de convivencia dentro de la comunidad.

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