La jubilación es la que determina la extinción de la relación arrendaticia del local de negocio, sin importar que el arrendatario siga trabajando o que haya sido declarado con una invalidez en su anterior relación laboral.

Así lo establece el Tribunal Supremo en una sentencia de 15 de junio de 2016, que se produce la extinción de la relación arrendaticia, al llegar la jubilación, regulada por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, que prevé esta extinción, y no por la de 1964 que no la incluía, aunque anteriormente -en 1990- se le hubiese declarado una invalidez.

La regla general es que el disfrute de la pensión por jubilación es incompatible con la realización de trabajos por cuenta ajena o propia o con la realización de actividades para las Administraciones Públicas a excepción de la denominada jubilación flexible que permite compatibilizar ambos conceptos bajo circunstancias muy concretas.
En el caso particular por el demandado se alegaba que era titular de una empresa y aunque estuviera incapacitado laboralmente el hecho de ser el titular de una empresa le protegía para no se resolviese el alquiler.

El TS no está de acuerdo y dice:
La jubilación es el nombre que recibe el acto administrativo por el que un trabajador en activo, ya sea por cuenta propia o ajena, pasa a una situación pasiva o de inactividad laboral, tras alcanzar una determinada edad máxima legal para poder seguir desempeñando su actividad.
Mientras, el empresario individual -el autónomo- es una persona física que realiza en nombre propio y por medio de una empresa una actividad comercial, industrial o profesional, que se suele asociar con el autoempleo, dado que el propietario de la empresa es a su vez trabajador en la misma, independientemente de la actividad que desarrolle y del tipo de trabajo.

Jubilación

Es decir, es empresario y trabajador al mismo tiempo y, por tanto, como trabajador resulta afectado por la situación de jubilación, por más que se sitúe al frente de una actividad empresarial.

Asimismo, declara que la regla general es que el disfrute de la pensión por jubilación es incompatible con la realización de trabajos por cuenta ajena y propia o con la realización de actividades para las Administraciones Públicas a excepción de la denominada jubilación flexible que permite compatibilizar ambos conceptos bajo circunstancias muy concretas.

 

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