Abogados penalistas de Carlos Baño León han conseguido que la Audiencia Provincial de Tarragona, mediante Auto de fecha 5/09/2.014, dictado en el Recurso de Apelación nº 386/2014, revocase la resolución del Juzgado de Instrucción nº 1 de Tarragona, Diligencias Previas nº 4576/2013, que frente a una Querella Criminal presentada por este despacho de abogados, contra una banda de estafadores por internet, se había declarado incompetente para conocer de la denuncia y remitía a nuestro cliente a Juzgados de Italia, ya que ese era su país..

Un cliente de nacionalidad italiana había encargado a este despacho de abogados que ejercitara acción penal contra unos estafadores que habían conseguido a través de internet ganar su confianza, enviándole documentos, por supuesto falsos, diciéndole que había ganado un premio de lotería y convenciéndole de ello consiguieron que realizara a su favor unas transferencias de dinero; transferencias que efectuaron a España a cuentas bancarias en España.

Abogados penalistas de Carlos Baño León recurrieron la decisión del Juez al sostener que, tratándose de un delito de estafa, los tribunales españoles resultan competentes para el conocimiento de los hechos denunciados en su querella por cuanto ésta se presentó en el partido judicial donde había dos de las cuentas bancarias de los presuntos autores de los hechos delictivos; cuentas bancarias en la que se recibió el dinero de nuestro cliente fruto del engaño y lugar donde se dispuso de dicha cantidad, siendo, por tanto, el lugar de consumación del delito.

Recuerda en su resolución la Audiencia Provisional que constante doctrina jurisprudencial recoge que el lugar en el que se comete el delito de estafa viene determinada por el lugar donde se produce la consumación, esto es, cuando se produce el acto de disposición, planteándose el problema cuando existe una disociación entre el momento en que éstos llegan a poder del agente delictivo, como es el caso, en que el desplazamiento patrimonial se produce por vía bancaria.

 

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Por tanto, concluye la AP, resultando indiciariamente que el dinero se habría recibido por transferencia en dos cuentas bancarias domiciliadas en España, concretamente en Tarragona, corresponde a la jurisdicción española el conocimiento de los hechos, por haberse producido en nuestro territorio nacional la disposición patrimonial por los querellados en perjuicio del querellante, pues indiciariamente, se trata del lugar donde los presuntos autores han desplegado los actos de ejecución y la apertura de las cuentas corrientes.

En su consecuencia revoca la resolución del Juzgado de Instrucción y le obliga a iniciar la tramitación del procedimiento judicial tal y como desde un principio habían solicitado abogados penalistas de Carlos Baño León.

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